El siguiente artículo de elEconomista.es lo dice bien claro. A continuación lo dejo para su lectura.
Como mujer me parece extremadamente grave las medidas que se van a tomar de aquí a un futuro y, por otra parte, si en tanto se cree que se está propiciando una privatización de las pensiones y la sanidad de la población en general y mujer en especial, creo que es el momento de que la administración pública decrete la no obligatoriedad de que los ciudadanos (empresas y trabajadores) sigan contribuyendo con elevadas cuotas a la seguridad social para un bien común que son las políticas de bienestar social. Si como yo, otras mujeres no vamos a ver tener garantizados nuestros derechos a una pensión digna conforme al PIB de cada momento mal vamos. Es por lo tanto que se está llegando a la discriminación social y de igualdad, violando uno de los principios de nuestra Constitución Española.
"Sólo el 42 % de las mujeres cobra pensión en España, frente al 87 % de los hombres, y es de media un 37 % inferior a la de éstos, ha denunciado la doctora en Economía Júlia Montserrat en una jornada sobre pensiones dignas organizada por el Centro de Estudios Cristianismo y Justicia en Barcelona.
La economista ha abundado, además, en que del total de las pensiones que cobran las mujeres, dos terceras partes son inferiores al salario mínimo interprofesional, que es de 707,60 euros.
Montserrat, que es miembro del comité científico del informe FOESSA, atribuye este agravio al "papel de cuidadora" que ha tenido la mujer tradicionalmente.
La economista recuerda que en 2019 entrará en vigor el llamado factor de sostenibilidad, un coeficiente que se utilizará para reducir las pensiones "en función de la esperanza de vida", un hecho que la economista considera de "injusticia total y absoluta".
"El desplazamiento de las pensiones públicas a las privadas es el objetivo", apostilla, ya que será la consecuencia lógica de mantener constante el gasto público en pensiones, en una situación de envejecimiento de la población y, por lo tanto, de aumento de los pensionistas.
El también doctor en Economía Miquel Puig augura que en 20 años en España "la población en edad de trabajar se reducirá un 7 %, y la población por encima de la edad de jubilación subirá el 35 %", por lo que vaticina: "No podemos imaginar que las pensiones se mantengan".
Pese a ello, matiza que esta tendencia se podría revertir si mejora la situación económica y, en este sentido, enumera tres elementos que podrían hacerlo: un aumento del PIB, una disminución de la población "madura" que se prejubila, y un incremento de la productividad por trabajador.
Las proyecciones revelan que se producirá un aumento del PIB y, entonces, según Puig, que es el director general del Consorcio de Servicios Universitarios de Cataluña, "será cuestión de repartir mejor" la riqueza para contrarrestar la demografía, que es "terrorífica".
El economista cree que los jóvenes no podrán pagar las pensiones, pero "habrá para todos si el país se pone a trabajar", porque en estas situaciones se producen "milagros" como el "milagro español" de los años 60.
Montserrat puntualiza que las previsiones de Eurostat indican que las pensiones bajarán entre un 30 y un 40 % en 30 años, pese a que España gasta en pensiones de media 1.926 euros por habitante, mientras que la media de la Unión Europea es de 2.700.
El secretario confederal de Políticas Públicas y Protección Social de CCOO y abogado, Carlos Bravo, opina que el proceso de envejecimiento de la población española requiere una mayor inversión en sanidad, ya que el 90 % del gasto sanitario se da en los dos últimos años de vida.
Contrariamente, según Bravo, se está reduciendo la parte del PIB destinada a este sector, con lo que hay un "deterioro de la atención" y, entonces, la población "sustituye" el servicio público por el privado: "se está haciendo una privatización suave de la sanidad", concluye.
El abogado, que fue profesor de Derecho del Trabajo y Seguridad Social en la Universidad Carlos III de Madrid, resalta que las pensiones no sólo repercuten en la calidad de vida de los mayores, sino también en el conjunto de la economía, a través de la demanda de empleo o los beneficios empresariales, por ejemplo".
